"No queremos trabajo, queremos las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos”: así funciona el cupo laboral trans en Argentina

Artículo publicado por VICE Argentina

“¿Quién va a tomar a una travesti para atender el teléfono en una oficina? Si nos ven en las calles, en una esquina, es porque no hay otras opciones para nosotras más que la prostitución”, dice Daniela Ruiz y devela cómo el sistema laboral argentino excluye al colectivo travestis y trans.

Daniela es capacitadora en la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lara María Bertolini estudia Derecho y es operadora territorial en la Procuraduría General de la Nación, Paula Arraigada es integrante del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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Daniela, Lara y Paula son activistas y referentes del movimiento LGTBI. Las tres forman parte del pequeño porcentaje de mujeres trans y travestis que tienen trabajo formal en Argentina.

Si bien es difícil encontrar datos estadísticos sobre la situación del colectivo, en el libro La revolución de las mariposas —editado en 2017 por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires junto al Bachillerato Popular Trans Mocha Celis— se difunden algunos. Las encuestas que realizaron revelan que solo un 9 por ciento está inserta en el sistema formal, el 15 por ciento subsiste gracias a tareas informales y un 3,6 por ciento vive de beneficios provenientes de diversas políticas públicas. Para el resto, más del 70 por ciento, la prostitución es la principal fuente de ingresos. Expulsadas del círculo familiar y comunitario, al momento de reconocer su identidad de género, deben interrumpir el proceso educativo y quedan condenadas a la desigualdad de condiciones frente al mercado laboral.

Muy pronto en el DNI y la partida de nacimiento de Lara Bertolini figurará su género tal cual como lo percibe. El 1 de marzo salió el fallo —inédito en el mundo— que le reconoce su soberanía identitaria. Ni masculino ni femenino: femineidad travesti.

Lara sabe de luchas, de leyes y de pelear por sus derechos. Junto a Abosex (Abogados por los Derechos Sexuales) acompañó acciones referidas a la resolución de legalidades trans, además de defender y buscar la ampliación de derechos del Colectivo Travesti Trans. Es una de las voces de la teoría crítica travesti transgénero, estudió psicología y es directora de travazona.com.

A la pregunta de VICE sobre cómo vivencia ocupar espacios que el sistema destina solamente a hombres o mujeres cis (una persona cuya identidad de género está alineada con el sexo que le asignaron al nacer), Lara responde tajante: “no encontré prejuicios, encontré desconocimiento, preguntas y la necesidad de explicarle a mis compañeros cómo era mi vida. Convivir entre seis y ocho horas todos los días en un trabajo hace que vayan entendiendo la forma y la situación de vida de las trans”. Para Lara el acceso al trabajo formal cambia el modo en que la sociedad las ve. “Las relaciones con mis compañeros —más allá de alguno que ha sido tan fuertemente interpelado en su identidad como hombre y usó los típicos métodos machistas para denostar— fueron bastantes positivas (teniendo en cuenta que el ámbito judicial es fuertemente patriarcal y machista)”.

Paula Arraigada es militante social y dirigente política. En 2017 asumió como la primera y única trans integrante del Parlamento de las Mujeres. Al igual que Lara, tampoco se topó con prejuicios o malos tratos en los espacios de trabajo que ocupa. “O si existieron, no los suscribí porque no me voy a hacer cargo de los prejuicios de los otros”, aclara.

Paula cree que desde la sanción de la ley de identidad de género la sociedad empezó a ser un poco más permeable con las identidades trans. “Esto permite que algunas accedan al trabajo formal y adquieran mayor visibilidad. Sin embargo, si todas pudieran tener trabajo formal, seguramente no ocurriría que algunas tengan una posición más preponderante por tener trabajo. Pero ese logro no es individual sino colectivo; de las organizaciones que vienen luchando hace muchísimo”, explica Paula. Esa lucha que viene impulsado el movimiento es la que derivó en la sanción —en 2015 en la provincia de Buenos Aires— de la ley de cupo laboral travesti trans. A cuatro años de aquel día la ley sigue sin implementarse, pero sentó precedente para el resto del país.

“Más allá de las leyes, lo que hace falta es un fuerte trabajo —de la mano del Estado— de apoyo cultural, educativo y de desarraigo de la norma impuesta de que la travesti solo pertenece a lo prostibulario. A la visión social negativa se la combate con leyes, como el cupo laboral, pero de la mano de un cambio más amplio”, afirma Lara.

Esa transformación debería estar liderada por el Estado, ofreciendo mayores espacios, como los que ocupan Lara, Paula y Daniela. “Si existiera una validación estatal miles de personas trans estarían trabajando en espacios públicos y estatales, en medios de comunicación y actorales y eso no ocurre. Si vamos al plano internacional, una película donde hay que hacer una caracterización de una femineidad transgénero la hace un actor hombre. La situación actual es que seguimos insertándonos en distintos ámbitos pero no existe validación”.

Para Daniela Ruiz —también única trabajadora travesti en su espacio laboral— no debería ser necesario un cupo. Cree que después de la sanción de la ley de identidad de género tendría que haber habido políticas públicas que promovieran el trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Como no ocurrió, la ley serviría para nivelar las condiciones de acceso. “Lo bueno del cupo es que estamos visibilizando que hay una falta. A nosotras el trabajo nos ha dignificado. A mí me encanta tener un lugar a donde me siento segura. Porque, recordemos, que hasta hace poco tiempo éramos detenidas por la policía. Entonces: ¿cómo podríamos tener la libertad de ir a un trabajo?”, se pregunta Daniela.

Todas las leyes sirven para cambiar la vida de las personas. La de cupo laboral trans a nivel nacional y la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral —que amplía la mirada social sobre las cuestiones de género y diversidad sexual— servirían para hacer efectivos y reconocer los derechos de este colectivo tan castigado y excluido por la sociedad.

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“La ley de cupo laboral transformaría el panorama del colectivo pero también implicaría nuevos desafíos, porque nosotras no tenemos la disciplina en cuanto a horarios y a recibir órdenes. Especialmente para las mayores de 30, que siempre nos tuvimos como jefas. Es estudiar y emponderarse, y a veces eso cuesta un poco, por toda la historia que traemos. Pero hemos sido muy luchadoras, así que cambiaría la vida de muchas, como nos la cambió a las que lo tenemos hoy. De todas maneras, eso no va en detrimento de las trabajadoras sexuales, porque cada una tiene derecho a elegir el trabajo en el que quiere estar”, asegura Paula y dispara un debate que no saldará esta nota.

La visión frente al trabajo sexual es un punto de posturas encontradas. Como dentro del feminismo, en el colectivo travesti trans tampoco hay consenso.

“La prostitución no es una elección para las que no se reivindican como trabajadoras sexuales. El sistema nos excluye y expulsa pero, a la vez, a la noche, para los hombres las compañeras son cuerpos donde dejar el stress. La sociedad no las quiere paradas en las esquinas y, sin embargo, a mí, en el ámbito ministerial, todos me aman. Capaces somos pero nuestra capacidad siempre será cuestionada por nuestra sexualidad y nuestro género. Cuando las compañeras están en sistema de prostitución, no es contemplada esa corporalidad y ese pensamiento. Entonces algunas pueden y otras no. Nuestra visibilización en los trabajos formales implica mostrar que nuestros cuerpos no son únicamente destinados a la prostitución, que no es un destino”, cierra Daniela y enfatiza: ”que se entienda bien, no queremos trabajo, queremos las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país”.